El alcalde de Xàbia, Eduardo Monfort, y la edil de Urbanismo, Pepa Chorro, convocaron una rueda de prensa para explicar los detalles del proceso jurídico que ha llevado a la demolición de la vivienda de Antonio Serrano y la reposición de su terreno.
"Se está transmitiendo información incorrecta", puntualizó el primer edil, que asegura que Serrano solicitó licencia de obra a finales del 2002, pero se le denegó el 5 de agosto del 2003, en vista de que la Conselleria de Territorio y Vivienda comunicó al Ayuntamiento que no le autorizaba edificar en esa parcela de Suelo no urbanizable, debido a que se excedía la ocupación en un 2% y se contravenía la normativa.
A pesar de que Antonio Serrano insiste en que cuenta con el permiso de la Conselleria, obtenido por silencio administrativo y entregado en mano por el entonces director general de Planificación y Ordenación del Territorio, Pedro Grimalt, lo cierto es que el dueño de la parcela colindante le interpuso una demanda por la construcción sin licencia de la vivienda.
Al parecer, Serrano no recurrió la denegación de la licencia, ni por vía administrativa ni judicial, hasta que el 10 de febrero del 2005 se le notifica que debe derribar su vivienda y reponer su terreno, según sentencia judicial. El afectado, como es de imaginar, no acató la sentencia, por lo que el responsable subsidiario pasó a ser el Ayuntamiento. Y ante la insistencia del vecino denunciante, que insta al juzgado y pone un recurso contencioso por la falta de diligencia del Consistorio, que no demuele la vivienda, en marzo del 2006, el Juzgado de Alicante comunica a la administración municipal que tiene la obligación de acatar la orden judicial.
A partir de este momento el afectado presenta recursos y el caso pasa al Tribunal Superior de Justicia y luego al Constitucional, lo que consigue alargar la historia, pero el dictamen judicial no varía, y nunca da la razón a Serrano. Mientas, el vecino demandante sigue insistiendo y presentando denuncias, llegando a solicitar ante el juzgado la responsabilidad penal del Ayuntamiento porque no ha ejecutado todavía la sentencia.
Finalmente, el 24 de enero del presente año, la vía judicial se acabó y al Consistorio no le quedó más remedio que ejecutar la sentencia de demolición. Pero una vez derribada la casa, el vecino demandante siguió insistiendo ante el juzgado, y avisó de que si no se cumplía la segunda parte de la sentencia, a saber, que le terreno se repusiese a su estado original, se le pondría una multa coercitiva al alcalde.
Así pues, el Ayuntamiento redactó el proyecto de reposición, basado en la información del PGOU, en fotografías aéreas y en imágenes aportadas por el denunciante del terreno y sus lindes. Pero no fue hasta que se agotaron todos los plazos, y bajo la amenaza de incurrir en una ilegalidad, que no se procedió a la reposición del terreno.
En cuanto a la vivienda del uno de los arquitectos municipales, que se ha convertido en el blanco de las denuncias de Antonio Serrano, el alcalde explicó que de entrada el técnico sí cuenta con licencia de obra, y que no fue hasta que un vecino interpuso una denuncia que el Consistorio inició el expediente de infracción. Éste ahora sigue su proceso, y se ha contratado a un experto externo para su redacción, con el fin de no comprometer la objetividad del informe. De todas formas, asegura el alcalde que el mencionado arquitecto pertenece al área de Servicios, que no coincide con la de Urbanismo.
Mientras tanto, Antonio Serrano continúa con su quinto día de huelga de hambre, sentado en una silla en pleno paseo del Arenal. Rodeado de pancartas hechas por amigos, todo el día pasan personas que se interesan por su caso y le muestran su apoyo. Dice que no parará hasta que dimita el alcalde, y echen al arquitecto, al que ha denunciado ante la justicia por presuntamente construir ilegalmente una vivienda en suelo no urbanizable de la Granadella. Desesperado, ya no sabe qué más hacer.
