Después de que el Consejo de Europa anunciara que debatirá la gestión de la crisis sanitaria provocada por la Gripe A, la OMS ha declarado que un grupo de expertos independientes analizarán su actuación ante la pandemia. El organismo responde así a las acusaciones vertidas desde los medios de comunicación de que los expertos a los que consulta están vinculados con la industria farmacéutica.

Según acusa en su web el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Wolfgang Wodarg, "la OMS, en cooperación con algunas de las grandes compañías farmacéuticas y sus científicos, redefinieron el nivel pandémico y redujeron el umbral de alarma. Estos nuevos estándares obligaron a los políticos de la mayoría de los países a reaccionar inmediatamente y firmar acuerdos comerciales para adquirir vacunas contra la nueva gripe, y gastar millones de dólares para responder al alarmante escenario que el "Big Pharma" (el lobby de las farmacéuticas), los medios de comunicación y la OMS estaban propagando".

En el mes de mayo del año pasado, la OMS redefinió el término "pandemia", un mes antes de declarar la de la gripe A, volviendo más laxos los criterios al no tenerse en cuenta en la nueva definición la gravedad de la incidencia de la enfermedad, sino sólo su propagación a dos o más países (algo muy probable gracias a la popularidad del transporte en avión).  Este hecho puso presión en los políticos de todo el mundo, obligándoles a comprar vacunas.

La portavoz de la OMS, Fadela Chaib, admitió que la baja mortalidad de la gripe A podía dar qué pensar, pero que las críticas, aunque comprensibles, estaban infundadas, ya que "la OMS ha manifestado de manera constante que el impacto de la pandemia de gripe era moderado". Por su parte, la directora del organismo, Margaret Chan, añadía que las medidas tomadas eran las correctas, admitiendo que no se arrepentía de ellas y que las volvería a repetir.

En España, y en muchos otros países, la campaña de vacunación contra la gripe A no provocó la esperada avalancha de ciudadanos que querían inocularse contra el virus H1N1. De hecho, de las 37 millones de dosis reservadas por el Gobierno, sólo se han empleado 13 millones, y no todas han sido administradas. Nueve millones ha ido a las comunidades para atender a los grupos de riesgo (aunque de estos sólo se han vacunado menos de la mitad) y el resto está en poder de la reserva estratégica del Estado para poder atender cualquier eventualidad, según admitió la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

Jiménez añade que el Estado ha podido ahorrar unos 170 millones de euros al haber podido cancelar más de la mitad de las dosis contratadas a las farmacéuticas.