Cazador o cazado
29/10/2007 - 17:52
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Sólo recientemente Xàbia comienza a tener conciencia real de lo que significa tener un Parque Natural en el término municipal. Mientras que en otros lugares este hecho brinda suficiente excusa como para promover todo el turismo de la zona, en la Oficina de Turismo local tímidamente se ofrecen algunas rutas de senderismo, y nada se ha hecho por festejar el vigésimo aniversario de nuestro Parque.

Desde hace pocos años la sociedad ha empezado a ser más sensible a este espacio natural. Pero este aprecio creciente está desvelando evidentes contradicciones, derivadas de declarar como espacio protegido una zona relativamente pequeña y rodeada por cuatro municipios. Contradicciones como la coexistencia de más de 600 especies de flora -y una fauna algo menos variada- con un núcleo poblacional, una discoteca, dos campos de tiro y dos cotos de caza.

En 1987, cuando se declaró Parque Natural al Montgó, la administración central pensó que la mejor forma de abordar estos conflictos en la Ley de Conservación de los Espacios Naturales era sugerir que los campos de tiro y la discoteca fueran buscando una ubicación alternativa, y que ya no se podía construir más en el núcleo poblacional. De todas formas, sería a través del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) y especialmente del PRUG (Plan Rector de Usos y Gestión) donde se especificaría el ordenamiento y los usos de este espacio protegido.

Así, según el artículo 84 del PORN, que finalmente se aprobó en el 2002, se insiste en el compromiso de los campos de tiro en buscar una nueva ubicación fuera del Parque. Sin embargo el PRUG, el plan que debe detallar los usos permitidos en el Parque Natural, dos décadas después sigue sin haberse aprobado.

Paradójicamente, en 1995 el propio Ayuntamiento de Xàbia renovó la licencia del Campo de Tiro de San Jerónimo por 99 años más.

En los últimos años se ha visto un notable incremento en el número de visitantes del Parque Natural, y son muchos los que ahora pasean por su senderos y disfrutan de su flora, su fauna y sus paisajes. Sin embargo, entre octubre y diciembre, el paseante a menudo se encuentra con cazadores, escopeta en mano, que imponen con su presencia.

A pesar de que la ley de caza es muy estricta en cuanto a las distancias mínimas de caminos, viviendas y núcleos poblacionales (tanto, que según la normativa, a penas quedarían espacios donde poder cazar o pegar tiros en el Montgó), y que la Ley de Conservación de los Espacios Naturales prohíbe la extracción de especies, son las propias administraciones las que renuevan los permisos de armas y licencias, y permiten la existencia de los campos de tiro y los cotos de caza del Montgó.

Paradójicamente y en efecto, está permitido cazar, pero totalmente prohibido recoger un ramito de manzanilla.

Las continuas quejas de residentes y turistas que se topan con cazadores en los caminos, que encuentran balas en sus propiedades o que ven su descanso perturbado por los ruidos de los tiros, caen en saco roto porque éstas deben presentarse por escrito a la Conselleria de Medio Ambiente, a través de una denuncia, de lo contrario la administración no puede actuar.

Por otro lado, los cazadores, que en el caso de Xàbia son además dueños del Campo de Tiro de San Jerónimo a través del Club la Unión, pagan escrúpulosamente sus impuestos, licencias y permisos (para la actividad de caza y para el campo de tiro), documentos que hasta ahora no les han negado las administraciones, según explica el colectivo.

Las administraciones por fin han decidido intervenir, y antes del verano se celebró la primera reunión de la Comisión de caza, un foro participativo en el que están representados tanto las administraciones como colectivos implicados, cuyo objetivo es buscar una solución consensuada, tanto para la actividad de caza en los cotos del Montgó, como para buscar alternativas viables para los dos campos de tiro, siempre dentro del marco que establece la ley de caza.

El punto de vista de los cazadores
Los cazadores, que ahora comienzan a sentirse presionados por la opinión pública, se defienden explicando que ellos, no sólo cuentan con toda la documentación necesaria para su actividad (tanto la caza como la del campo de tiro), sino que además son los que cuidan el monte y la fauna.

El Club de Cazadores la Unión de Xàbia se constituyó hace 83 años, y en 1968 creó el Campo de Tiro de San Jerónimo para poder seguir practicando su deporte en las temporadas que no son de caza.

Durante todo el año, los cazadores asociados se encargan de crear y limpiar los cortafuegos, desbrozar el monte, rellenar comederos con pienso y abrevaderos con agua, repoblar con conejos y vacunarlos contra la mixomatosis. En definitiva, de cuidar del monte, y además, todos los gastos son cubiertos por la propia organización, tal y como explica su presidente, Antonio Marí Gisbert.

Además, son ellos los encargados de controlar las poblaciones de jabalís, que de lo contrario supondrían un riesgo para los conductores cuando invaden la calzada. Es más, incluso pagan un seguro de responsabilidad civil que cubre los posibles daños causados por estos porcinos.

Los cazadores no entienden que se cuestione su legalidad, ya que cuentan con toda la documentación que exige la ley, y ven una contradicción –que desde luego no es culpa suya- que las administraciones (estatal, autonómica y local) cobren sus impuestos y permisos, e incluso se les renueve la concesión para 99 años más, y luego digan que han de cambiar el campo de tiro de ubicación. Aunque añaden, que si alguna administración les da un campo de tiro en otro lugar, no ven ningún problema en reubicarse, “nos da igual estar aquí que en otro sitio, pero lo que no pueden hacer es cerrarnos el campo y punto”.

Y es que mientras sigan pagando y obteniendo los permisos y licencias, los cazadores no tienen intención de dejar de practicar ni el tiro ni la caza.

El punto de vista de los vecinos
Pero el problema no se limita al Parque Natural ni a los campos de tiro, sino que vecinos de otros cotos de caza del municipio también se quejan de las actitudes de algunos cazadores.

Como explica un residente en una urbanización que linda con el coto de caza de la Granadella, “no nos gustan los cazadores”. Según este ciudadano, algunos cazadores “no parecen tener reglas éticas y no muestran empatía” para con las personas que se encuentran dentro o cerca de dicho coto, que por cierto, sólo tiene señalizada la entrada en frente de la torre de vigía de la Granadella, por lo que no siempre queda claro dónde comienza la urbanización y termina el coto.

Al igual que la vecina del Campo de Tiro de San Jerónimo que hizo públicas sus quejas sobre el ruido de los tiros y los balines que caen en su casa, los residentes que viven cerca de cotos de caza protestan de que a menudo los cazadores tiran en dirección a las viviendas, y no es infrecuente encontrar proyectiles de plomo (ilegales en la mayoría de los países de la UE) en los jardines o las terrazas. También se han dado casos en que los balines han golpeado a niños jugando en el jardín, roto paneles solares e incluso a una mujer le cayeron dentro del baño mientras tomaba una ducha.

Es más, también sucede, según cuenta este vecino, que cazadores han amenazado a los paseantes y han llegado a invadir propiedades privadas, con el consiguiente susto para los habitantes.

Por lo que se desprende de estos comentarios, parece que algunos cazadores no cumplen la normativa de mantenerse alejados 200m de las casas, y 25m de los caminos sin asfaltar, o con la obligación de recoger los cartuchos usados. Pero además, al parecer hay quienes incluso matan a palomas y a gorriones, ni tampoco respetan especies protegidas como el abejaruco, denuncia este residente. Por no hablar de los horrendos casos de perros maltratados o muertos a manos de cazadores que desean prescindir de sus servicios.

Para este vecino (que prefiere ocultar su identidad por temor a represalias) no se trata de un tema de si se tiene permisos o no, y de si tiene más derechos el que paga, sino de una cuestión de convivencia y de cumplimiento de la ley, y aconseja a los cazadores y a las autoridades locales que lean la Ley 13/2004 del 27 de diciembre sobre la caza en la Comunidad Valenciana, y en concreto el artículo 39 sobre zonas de seguridad y el artículo 60 sobre sanciones aplicables.

Las administraciones no se implican lo suficiente
El tema es complicado, pero como casi todo en una sociedad cada vez más numerosa y diversa, en la que ahora las personas se dan cuenta de que podemos y tenemos que defender nuestros derechos. Las administraciones, por su complejidad y por lo difícil que a veces son sus relaciones, tardan más en adaptarse a este mundo tan cambiante, y en vez de unirse y esforzarse para resolver algunos conflictos, optan por dejarlos en manos de los ciudadanos y de las tendencias sociales.

Así, en el caso de los cazadores versus los vecinos, se ha preferido hasta ahora ir dejando que el problema se solucione sólo, en vez de reunirse las tres administraciones, llegar a un acuerdo lo más justo posible y hacerse responsable de los problemas creados por el propio silencio administrativo.

En esta historia, tanto un colectivo como el otro son víctimas de la incapacidad de las administraciones para trabajar en conjunto y de forma diligente.

Los cazadores seguirán haciendo todo lo posible por defender su derecho a practicar el deporte que les gusta, a la vez que cuidan y preservan los espacios naturales. Los vecinos seguirán defendiendo su derecho a vivir en paz en sus casas y pasear sin riesgos.

Un posible plan de acción: mejorar la comunicación
La Junta Rectora del Parque Natural ya ha iniciado las reuniones de la comisión de caza que deberán continuar este otoño. Creemos que quizá un primer paso podría ser desarrollar un plan de acción destinado a mejorar la comunicación entre los cazadores los vecinos y usuarios del Parque.

Se podría informar a vecinos y senderistas, por una parte, de las bondades de los cazadores, y por otro, de la legislación de caza. Así, aquellos podrían, por un lado, denunciar las malas prácticas, no ante las autoridades sino ante el club de cazadores, quienes deberían amonestar a aquellos socios que incumplan los reglamentos y la ley.

Por otro, los vecinos y usuarios del Parque Natural (y de paso de otros cotos de caza) deben saber que en temporada de caza -entre el 12 de octubre y el tercer domingo de diciembre-, desde la madrugada hasta las 13h, los jueves, sábados, domingos y festivos, si van a caminar por el monte, han de hacerlo con precaución, sin dejar los senderos o caminos, y sin permitir que los perros vayan sueltos.

Los cazadores, a su vez, deben entender que está en su interés el hacerse querer por la población. Así, no sólo deberían respetar a los vecinos y paseantes que disfrutan como ellos de los espacios naturales, sino de habrían de ser muy rigurosos con el cumplimiento de las leyes, y no cazar o pegar tiros a menos de 200m de una casa o 25m de un camino sin asfaltar, y si lo cruzan, debe ser con el arma descargada. Por otro lado, además de recoger los casquillos usados, harían muy bien en fomentar y compartir el cuidado y el amor por la naturaleza que procesan (y que incluye a otros seres humanos) entre el resto de los ciudadanos.

Las administraciones son quienes deberían de desarrollar un papel activo en la mejora de la comunicación entre los colectivos de cazadores y los vecinos y visitantes del Parque, ya que está visto que solos no pueden, y es que como les ocurre al perro y al gato, parece que hablan diferentes idiomas.

 

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