Huele mal, muy, muy, muy mal. El informe del Consell Juridic Consultiu sobre el contrato de concesión de los aparcamientos subterráneos deja las puertas abiertas a que cualquier particular o colectivo que se sienta perjudicado por él decida llevarlo a la justicia ordinaria o, por qué no, a la Fiscalía Anticorrupción. Está muy claro que perjudica los intereses de todos los xabieros y de su ayuntamiento en particular.

Dice el CJC que existe una contradicción en dos cláusulas. La primera, la ya conocida por todo el pueblo del "riesgo y ventura del concesionario", y la segunda, la que especifica que el nivel de ocupación previsto del 85% esté garantizado por el Consistorio. Y ante esa contradicción propone el rescate. Ahí está el negocio redondo para Ecisa, que únicamente se ha gastado poco menos de 10 millones de euros en construir los dos parkings, mientras que el Consistorio, no sólo se ha gastado los 18 comprometidos, sino varios millones más a cuenta de nosecuántas modificaciones del presupuesto.

Otra solución es renegociar el contrato, ampliar el plazo de concesión y sobretodo eliminar esa clausula del 85% de ocupación. ¿Realmente creen que Ecisa se sentará a negociar con el Ayuntamiento, cuando la cuenta de resultados de los parkings está compensada por este mismo? Yo creo que no. Y seguirán regalándonos esculturas de 300.000 euros para colocarlas en plazas nuevas de madera de Teka junto al mar - por cierto habrán pensado en el poder destructor del salitre con cualquier tipo de material-.

Si fuera rescate, habría que poner sobre la mesa nada más y nada menos que 20 millones de euros, que se obtendrían a razón de 2 millones anuales, y que al cabo de diez el endeudamiento municipal de hoy sería del doble. Y la pregunta es cómo: Amjasa se encargaría de la gestión, una empresa que sopesa subir las tarifas o parar la desaladora para cuadrar el presupuesto. Muchas preguntas sin respuesta.

Dios nos pille confesados, y desde aquí reclamamos que haya un sólo valiente en este pueblo que pueda llevar este contrato a la Fiscalía Anticorrupción.