Casi cuatro meses después de que tuviera lugar el primer pleno extraordinario destinado a debatir sobre el problema de los parkings, el jueves pasado se celebró otro para leer el dictamen que el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, Manuel Ortells, sobre dos cláusulas del pliego de condiciones del contrato de los estacionamientos.

En el informe jurídico, firmado el 13 de diciembre del 2009 por Ortells, el letrado analiza las dos cláusulas que parecían contradecirse en el pliego de condiciones del contrato de las obras de "tres aparcamientos públicos en Jávea, así como sus obras complementarias de urbanización de la ronda del Casco Histórico y su acceso, Avda. Jaime I y adyacentes y construcción de edificio de dependencias municipales en el Portal del Clot".

A la conclusión que llega el catedrático es que, se mire como se mire, las cláusulas que se refieren a los "derechos y deberes" del concesionario y al "riesgo y ventura" no son contradictorias, y de todas formas, si lo fueran, según el Código Civil se deben interpretar para que no exista contradicción. Pero es más, y en el peor de los casos, "la interpretación de cláusulas oscuras no puede favorecer a la parte que ha ocasionado la oscuridad", que en este caso no es otro sino el propio Ayuntamiento.

La oposición acudió al pleno un poco descolocada, ya que no entendía que en el orden del día no hubiese ninguna propuesta para someter a votación. Aunque más extrañados se quedaron cuando la respuesta del alcalde, Eduardo Monfort, no fue la que esperaban -algo en la línea de que se debe rescatar la concesión (comprar los parkings).

No había mucho que estudiar. El dictamen estaba claro y no daba pie a mayor discusión. Por eso el PSPV y Nueva Jávea enfocaron su fiscalización por el hecho de que había que estudiar todo el proceso de adjudicación y no sólo dos cláusulas del contrato.

Para empezar, el portavoz socialista, José Chulvi, recordó que resulta bastante irregular que la consultora CAT sea la que realizó el estudio de viabilidad para el Ayuntamiento y luego el anteproyecto y el proyecto para Ecisa (por no hablar de que ha seguido haciendo trabajos para el Consistorio, y que su relación con la mercantil es aún más larga). También es extraño que, siendo el contrato tan jugoso, con unas condiciones tan favorables para las concursantes, que sólo se presentara "una empresa a un chollo como éste".

Y es que todo el problema con la concesión de los parkings viene de la cláusula de "riesgo y ventura" que obliga al Ayuntamiento a pagar a la concesionaria, en concepto de reequilibrio económico, si la ocupación de los parkings no llega a la que se estimó en el estudio de viabilidad. Debido a que la ocupación de los aparcamientos es tan insignificante (0,21% en vez del 22% en el del Clot, y 2,71% en vez del 17% en el de la Plaza de la Constitución), el Consistorio deberá abonar a Estacionaments Urbans de Xàbia (filial de Ecisa) cerca de un millón de euros por año, aunque por el momento, la mercantil aún no ha reclamado el equilibrio económico.

El alcalde sugiere contratar a una auditora de prestigio

Entonces el alcalde respondió que la sesión plenaria se había convocado porque así se había decidido la vez anterior, en el pleno que se celebró el 20 de octubre del 2009, y en el que se adquirió el compromiso de informar siempre en público sobre cualquier noticia relacionada con los parkings.

El primer edil aprovechó entonces para anunciar su propuesta de contratar a una prestigiosa empresa auditora, como Price Waterhouse o Arthur Andersen, que pudiera estudiar a fondo todo el proceso de contratación. Asimismo, Monfort añadió que no se debe esperar a que la empresa reclame el equilibrio económico, sino que hay que "buscar soluciones ahora, y de lo que se trata es evitar pagar más".

No pagar más es la tesis que siempre han defendido los socialistas quienes al día siguiente presentaron una moción por registro sugiriendo que, en vez de una consultora externa, sea el "Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana el que aclare todas las cuestiones jurídicas y administrativas por lo que respecta a todo el expediente de los aparcamientos". Y es que éste es un organismo público, objetivo e independiente, y además no significará ningún desembolso económico para las arcas municipales.

Ningún culpable y todos responsables

Por supuesto tampoco faltó el turno de culpas, de unos acusando a otros. La oposición pidió la responsabilidad política de anterior alcalde, Juan Moragues, por el proceso de contratación, mientras que a Monfort le reprocharon el que haya firmado el contrato no más coger la vara de mando tras la moción de censura. El alcalde, por su parte, recuerda que él estampó su rúbrica sólo porque era obligatorio después de que los 21 concejales del pleno votasen favorablemente la adjudicación del contrato, mientras con su dialéctica marcaba distancias hasta seis veces son su socio de gobierno popular. Moragues también se defendió, diciendo que no pensaba dimitir por nada y mostrando sus manos mientras aseguró que las tenía blancas.

En Europa existe diferencia entre concesión y subvención

Entonces le tocó el turno a Nueva Jávea, aunque para entonces la declaración del alcalde ya había descolocado a la oposición. Ana Vasbinder acogió de buen grado el anuncio del alcalde de estudiar a fondo todo el proceso de contratación, y coincidió con los socialistas en calificar como irregular el papel de la consultora CAT en todo el asunto. De hecho, según explicó la edil, en Europa está regulado el conflicto de intereses, y una empresa no puede trabajar a la vez para la contratista y la contratada en el mismo proyecto, aunque, se lamentó, en España sí se puede.

Vasbinder además remarcó que en el Derecho Europeo también existe una diferencia muy clara entre una concesión y una subvención, "y lo de Ecisa se acerca a la subvención". Y es que si la mercantil consigue lo que parece que pretende, que es vender la empresa al Ayuntamiento (recate de la concesión), éste acabaría abonando un total de 41 millones de euros.

Sea como fuere, el Ayuntamiento debe actuar de manera eficaz y diligente si quiere evitar pagarle a Ecisa millones de euros. Como dicen los socialistas en su moción, "se hace necesario avanzar en la búsqueda de soluciones a un ritmo mayor del que se ha hecho hasta el momento". Cuatro meses para decidir que sería mejor preguntar a alguien más se antoja como mucho tiempo perdido.