Los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento de Xàbia respecto al procedimiento administrativo seguido por parte del ejecutivo local para la resolución del contrato con la unión temporal de empresas (UTE) formada por el Grupo Generala y Mayve, quienes en su día iniciaron las obras de reurbanización del Centro Histórico.

Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana quien ha confirmado que el Consistorio obró correctamente a la hora de rescindir el contrato por incumplimiento de plazos de la constructora. Se desestima así el recurso de apelación que interpuso la UTE contra la sentencia que dictó hace ahora aproximadamente un año el juzgado número 3 de Alicante, y que ya avalaba el proceder del Ayuntamiento al romper esa contrata por incumplirse los 14 meses de plazo de ejecución de las obras y comprobar que se había ejecutado sólo el 25% del proyecto.

Este segundo fallo judicial, que no admite ningún otro recurso ordinario más, es para el alcalde de Xàbia, Eduardo Monfort, un motivo de gran satisfacción porque además de confirmar que el procedimiento seguido por parte del Ayuntamiento ha sido el correcto, "libera a los intereses municipales y, en consecuencia al pueblo de Xàbia, de fuertes responsabilidades en forma de indemnizaciones, en el caso de que la resolución administrativa hubiera sido declarada improcedente". Así lo ha destacado Monfort quien ha comparecido esta mañana en rueda de prensa acompañado por sus compañeros de equipo de gobierno, los concejales Juan Ortolá y Filo Giner.

Esta sentencia permite al Ayuntamiento incautar el correspondiente aval depositado por la contratista que asciende a alrededor de 100.000€. Ahora los servicios jurídicos municipales se pondrán a trabajar en el trámite del expediente para reclamar los oportunos "daños y perjuicios" sufridos por el incumplimiento de la UTE.

Cabe recordar que las obras debían haber finalizado en marzo de 2007 y que, sin embargo, por estas fechas Generala-Mayve sólo había ejecutado el 25% del trabajo. A este incumplimiento de plazos hay que sumar además paralizaciones de obras, falta y abandono de personal, y el hecho de que la empresa trató de forzar al Ayuntamiento a aceptar sus reivindicaciones económicas injustificadas, creando crispación social a base de abrir calles y no adelantar los trabajos.

El Ayuntamiento, con Monfort de alcalde, no se plegó ante las pretensiones de las mercantiles, a pesar de que la salida fácil era doblegarse ante éstas. "Se podría haber pagado y evitar así protestas sociales", pero se ha optado por defender los intereses del pueblo, explica el primer edil, quien se siente orgulloso del trabajo bien hecho, tanto en este caso como en otros similares en los que empresas intentan forzar modificaciones de crédito.

El munícipe ha destacado que por parte del Consistorio nunca se "puede acceder a retrasos indebidos o a la ejecución de obras mal hechas". Y es precisamente por esta razón que el Ayuntamiento mantiene litigios con otras constructoras, como por ejemplo, Romefer o Ecisa.

La primera de estas empresas es la que ha construido el trinquete, obra que aún no ha sido recepcionada, a pesar de que hace más de un año que está prácticamente finalizada. Según informó Monfort, el Ayuntamiento está a punto de finalizar los trámites por los cuales podrá declarar el incumplimiento del contrato por parte de la mercantil y proceder a la resolución del mismo. Entonces el Consistorio podrá ocupar la obra y subsanar los desperfectos que impiden la recepción de la obra (humedades y filtración de agua) a cargo de la fianza depositada.

Algo similar ocurre en el Puerto, con la urbanización de las Atarazanas, pendiente de la colocación de un colector y ampliación del vial. El Ayuntamiento está en proceso de rescate de la fianza para poder ejecutar la obra.

Monfort asimismo mencionó que Ecisa tiene igualmente abierto un par de procesos, aunque no especificó cuáles son, y que Romefer también ha habido problemas por la urbanización de la zona del Montaner.