Después de todo el revuelo suscitado por la inscripción de la iglesia de San Bartolomé a nombre del Arzobispado de Valencia, ahora resulta que fue un "error" y que en realidad figura como propietaria la "Parroquia de San Bartolomé de Xàbia". El movimiento ciudadano en defensa del patrimonio local insiste en que esto no exime al Ayuntamiento de seguir reclamando lo que le pertenece.

Desde hace unas semanas los religiosos del pueblo de Xàbia estaban haciendo circular copias de un documento que acreditaba que la titularidad de la iglesia de San Bartolomé era de la parroquia y no del Arzobispado. Para los más creyentes, este documento da por zanjada la polémica abierta por la autoridad eclesiástica valenciana.

El 11 de agosto del 2009 el Arzobispado de Valencia registró a su nombre, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, el templo javiense, aduciendo que éste es de su propiedad desde "tiempos inmemoriales, al menos más de 30 años". La iglesia había desaparecido de los primeros puestos del registro de bienes municipales a principios de los sesenta, sin que nadie se diera cuenta del olvido ni una sola vez en el transcurso de casi cuatro décadas.

A raíz de una moción presentada por el grupo socialista en el pleno, se votó por unanimidad hacer todo lo posible por recuperar la titularidad de la iglesia-fortaleza.

Ahora por fin se ha obrado el milagro, y no ha hecho falta la intervención de abogados, para que el nombre de Xàbia figure en el registro del templo.  Todo fue fruto de un "error", según figura en el documento catastral, y es que al parecer desde un principio se había incluido un certificado que atestiguaba la titularidad de la parroquia, así que habrá que suponer que se había traspapelado y que ahora lo han encontrado.

Sin embargo, para el movimiento ciudadano en defensa del patrimonio local, se trata únicamente de una artimaña de la iglesia que pretende así  silenciar las voces de protesta. Este colectivo quiere dejar claro que la parroquia no es más que "una sucursal" del Arzobispado, e insiste en que el Ayuntamiento debe cumplir con la moción aprobada en pleno y seguir luchando por recuperar el templo.