El representante de Nueva Jávea, Paco Català, acusa al equipo de gobierno de conceder licencias de obras que están fuera de la legalidad, ya que la propiedad en cuestión está afectada por la suspensión de licencias provisional del último deslinde de costas.

Según el edil de la oposición, se trata de una vivienda situada en la zona de la Granadella -y no es la del arquitecto municipal-, para la cual la propietaria solicitó una licencia de obra mayor con el fin de reparar su tejado. La vivienda está situada en zona de especial protección, aunque es legal debida a su antigüedad. Sin embargo, Català asegura que no se puede conceder la licencia al estar afectada por la suspensión cautelar del planeamiento del último deslinde de Costas.

Es más, si en un futuro existiese una orden de demolición de dicha vivienda, la propietaria podría exigirle al Ayuntamiento responsabilidades,  y éste tendría que indemnizarla con cargo a las arcas municipales. Esto es así porque el pleno aprobó la resolución correspondiente del departamento de Urbanismo, y a pesar de contar con un informe técnico municipal desfavorable, por lo motivos anteriormente mencionados. Además, existe "doctrina legal definitivamente fijada por el Tribunal Supremo", asegura Català, que "determina que el silencio administrativo siempre es negativo en las peticiones de licencias contrarias al ordenamiento urbanístico".

Pero lo más llamativo para Català es que se conceda la licencia de obra por silencio administrativo, cuando en su experiencia profesional diaria, obtener permisos de la Oficina Técnica municipal es toda una odisea que se prolonga durante uno o dos años. Y si se solicita al Consistorio la documentación cuando ha transcurrido el plazo necesario para acceder a ella por silencio administrativo -que para obra mayor son dos meses-, los funcionarios entonces producen una lista de deficiencias en los trámites, asegura el edil. Hecho que le hace plantearse a Català si no existe trato a favor para algunas personas.